¿La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento ni siquiera en un país de analfabetos ni aunque cause desigualdad?

En la GACETA JURÍDICA DE GUERRA Y MARINA, AÑO IX , Febrero de 1916, Núm. 145,  (texto completo en pdf gaceta-jurc3addica-de-guerra-y-marina.-1-2-1916-1) figura la siguiente estremecedora estadística oficial sobre la “Instrucción alfabética de los reclutas”:

El país que se describe en estas estadísticas es de masas ingentes de jóvenes varones analfabetos, y ello más de medio siglo después de la Ley de Instrucción Pública de 1857, la conocida como “Ley Moyano”, por el nombre su impulsor; esa ley, dictada en cumplimiento de la previa Ley de Bases, establecía artículo 7 que “La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles“, y dentro de la “primera enseñanza elemental“, para edades entre 6 y 9 años, se incluían la lectura y la escritura, con diversos matices -muy profundos- respecto de la obligación del Estado de proporcionar esa instrucción primaria. En un país donde más de 150 años después muchas normas se aprueban sin simultánea dotación presupuestaria, no es de extrañar que 50 años después de esa ley de 1857 hubiera tantas zonas de España donde fuera analfabeta casi la mitad de la población masculina en edad de servicio militar obligatorio y solo hubiera cuatro provincias con porcentaje de reclutas analfabetos inferior al 10 por 100.

La cuestión es por qué esa realidad inocultable de analfabetismo masivo se soslayó sin más por el Estado y por los juristas al imponer en el Código Civil el principio tradicional de que la ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento; ese principio de siempre tan espinoso  y discutido fundamento. Porque, sin remontarse ya el Derecho Romano, las Partidas contenían desde la Edad Media regla análoga en épocas de mayores tasas de analfabetismo que cuando se aprobó el Código Civil, y se mantuvo algo parecido siempre, como algo asumido, si bien lo cierto es que hasta 1857 no se dio por sentado que era obligación del Estado hacer lo posible por evitar la ignorancia masiva, no ya de las leyes, sino de su posibilidad siquiera teórica de conocimiento.

Pero la incómoda realidad es que a los juristas de finales del siglo XIX les daba igual que la mayoría de los destinatarios de la norma supiera o no leer y les resultaban indiferentes las consecuencias que ello podría tener a efectos de ahondar en la desigualdad entre ricos y pobres; ni siquiera con analfabetismo masivo constatado ni con intentos estatales de erradicarlo. De lo más que se preocupaban era de si por algún motivo el periódico oficial en el que se publicaban las normas no llegaba a todas las zonas del territorio a la vez, a los efectos de plantear la posibilidad de no vigencia simultánea de las normas en todo el territorio por imposibilidad de conocimiento simultáneo siquiera teórico; es decir, que sí preocupaba que la norma no pudiera ser conocida siquiera teóricamente, cuando, paradójicamente, lo cierto es que esa imposibilidad de conocimiento siquiera teórico se daba siempre respecto de un alto porcentaje de la población.

Por poner un ejemplo, un comentarista clásico del Código Civil como Manresa, texto en pdf  comentarios_al_codigo_civil_manresa_t01, si bien menciona la circunstancia del analfabetismo masivo en abstracto al analizar el artículo 2 de la redacción original del Código Civil (“2. La ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento del Código Civil“) -vigente hasta 1974 en que pasó a numerarse como artículo 6.1, hoy vigente (Artículo 6. 1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen.)-, no lo hace en relación con España, sino dando por sentado de que se trata de un problema general y sin aludir a la diferencia de conocimientos jurídicos -y de posibilidad de conocimientos jurídicos- entre ricos y pobres. Y García Goyena, en sus celebérrimos Comentarios al Proyecto de Código Civil de 1851 concordanciasDelCodigoCivilT1 ni siquiera menciona el analfabetismo. 

Y es grande el contraste con el jurista austríaco Anton Menger (1841-1906) en un libro  también clásico traducido por Adolfo Posada en 1898 con el expresivo título de “El Derecho Civil y los pobres“, texto completo aquí. En palabras de Adolfo Posada, en su introducción al libro “El Derecho Civil y los pobres”, entre la “hábil red de presunciones para mantener incólume una tradición de poder y de dominio: el poder y dominio de los ricos” y que “se dicen jurídicas” está la de que la ignorancia no excusa el cumplimiento del derecho. Me remito a las luminosas páginas 104 y siguientes del libro de Menger, que más de cien años después merecen una lectura reflexiva, que recomiendo encarecidamente.

Me pregunto si hubo algún Menger en España que planteara la llamada “cuestión social” desde una perspectiva jurídica análoga. Y me pregunto también si a Menger le hicieron algo de caso en este punto en su propio país.

En cualquier caso, un siglo después, el Derecho del Consumo ha atemperado en derecho Civil la regla del artículo 6 del Código Civil. Lo que sucede es que no se suele decir que se ha modificado tácitamente ese precepto y, además, ahora “los ricos” ya no se llaman “ricos”, salvo en terminología político-periodística; se llaman “empresas”.  

Verónica del Carpio Fiestas

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